Sigue la recuperación en el mundo y en la Argentina
sábado, 28 de octubre de 2017

Continúa la recuperación de la actividad económica en la Argentina. El favorable desempeño internacional debería contribuir a la consolidación de esta tendencia. Sin embargo, para poder alcanzar un crecimiento sostenido a un ritmo de 3.5% anual, el gobierno debería avanzar en reformas estructurales que aumenten la inversión y la productividad. Estas reformas incluyen modificaciones en los impuestos, las relaciones laborales y el sistema previsional, cuya implementación requiere de un gran capital político.

Daniel Artana*





La mayoría de los países ha registrado una aceleración en el crecimiento de la actividad económica en la primera mitad del año respecto de lo ocurrido en 2016 (Cuadro 1). Las excepciones importantes a este comportamiento son Estados Unidos –cuya economía continúa evolucionando a una velocidad crucero cercana al 2% anual-, y el Reino Unido y China que, en ambos casos, redujeron su tasa de expansión (de 1,9% a 1%, y de 6.9% a 6.1%, respectivamente). Es notoria la mejora en Japón y en varios países europeos como Alemania, Francia e Italia. España continúa creciendo a un ritmo del orden del 3% anual, lo que le ha permitido recuperar todo el terreno perdido durante la crisis de 2008-2009. Este desempeño internacional resulta un marco favorable que debería ayudar a la consolidación de la recuperación en nuestro país.



Mientras tanto, en la Argentina, los últimos datos disponibles de actividad económica muestran que la recuperación continúa. Cuando se observan variaciones interanuales, los valores van aumentando porque la base de comparación del año pasado es baja. Por ello, en el Cuadro 2 se muestran los niveles corregidos por estacionalidad de varias variables. Allí se puede ver que el PIB mensual estimado por el INDEC recuperó, en junio, el nivel promedio de 2015 y que acumula, en el primer semestre de 2017, una mejora de 0.7% (1.5% anualizado). En industria y, sobretodo, en construcción, la mejora es más marcada.



Otros indicadores sugieren que la recuperación continuará en los próximos meses. Los préstamos al sector privado (en pesos más dólares) están creciendo a casi 20% interanual en moneda constante; ha mejorado en agosto la confianza del consumidor y las importaciones crecen a un ritmo de 29% interanual. Además, los datos de importaciones de bienes de capital crecen a tasas todavía mayores, augurando que la inversión continuará liderando el crecimiento de la demanda agregada. La proyección del modelo de FIEL es que el PIB promediará, en 2017, un crecimiento de 2.7%.


La inflación debería descender bastante respecto de los registros de julio y encaminarse a cerrar el año en 21%. Y los datos fiscales empiezan a mostrar crecimiento de los ingresos estables por encima del gasto primario; además, éste ha desacelerado su aumento en moneda constante lo que permitiría alcanzar la meta de un déficit primario de 4.2% del PIB para el año 2017.


El resultado de las PASO favorable al gobierno, si se confirma en octubre, debería ayudar a consolidar la recuperación, vía un aumento en la confianza que impactaría positivamente en la inversión y en el consumo de bienes durables. La evolución del riesgo país post PASO sugiere que este efecto confianza se refleja en el costo del endeudamiento del soberano. Esto da sostén a nuestra proyección de un crecimiento del orden de 3% en 2018 y una inflación que se reduce unos 5 puntos respecto del cierre de este año.


En la medida en que el gobierno pueda avanzar en las reformas estructurales, la recuperación puede recibir nuevos impulsos que permitan extenderla incluso a 2019.

Para poder alcanzar un crecimiento sostenido a un ritmo de 3.5% anual se necesita que aumenten la inversión y la productividad. El gobierno ha insinuado que tratará de avanzar en tres reformas estructurales en el área económica que deberían ayudar a mejorar las cuentas fiscales y a reducir sobrecostos que hoy afectan la competitividad del sector privado reduciendo las chances de exportar o encareciendo los precios de los productos finales que consumimos dentro del país. Estas reformas incluyen modificaciones en los impuestos, las relaciones laborales y el sistema previsional.

El primer interrogante es que las tres reformas mencionadas requieren de un gran capital político. En general, detrás de cada sobrecosto de la economía hay un grupo de presión que lucra con él.

El propio éxito político del gobierno puede tentarlo a seguir con “más de lo mismo”, evitando la confrontación, a la espera de seguir ganando capital político en 2019. Sin embargo, esa estrategia sería muy riesgosa porque para ser viable depende de que continúe baja la tasa de interés internacional, que no haya sorpresas negativas para la Argentina en sus precios de exportación y que se mantenga el apetito del resto del mundo por financiar nuestros desequilibrios, aún en el hipotético caso en que se vuelvan a demorar las reformas que los propios funcionarios del gobierno nacional consideran necesarias.


El segundo desafío es que las reformas que se planteen sean poco ambiciosas o sean licuadas en la negociación con los gobernadores. Si bien no es imprescindible que las reformas sean contundentes en todos los campos, se requiere que produzcan cambios que tengan un mínimo de sustancia.


Repasemos algunos de los problemas que existen

En el campo impositivo, los tres niveles de gobierno utilizan en exceso impuestos que recaen sobre la producción o el uso de mano de obra. Aproximadamente el 20% de la recaudación proviene de tres impuestos en cascada: ingresos brutos, tasas de seguridad e higiene e impuesto a las transacciones financieras. Además de generar más distorsiones que otros impuestos, estos tres gravámenes afectan en una forma anárquica los costos de los que exportan y de los que compiten con las importaciones. Por otra parte, el impuesto a las ganancias de las empresas grava en exceso al retorno de las inversiones que se financian con patrimonio neto (la tasa de 35% sobre ganancias nominales puede ser fácilmente el doble sobre ganancias ajustadas por inflación, convirtiéndose así en una de las más altas del mundo), pero subsidia a las financiadas con deuda. El balance es negativo para la inversión porque la mayor parte se financia con fondos propios. Finalmente, la Argentina tiene los impuestos al uso de mano de obra más altos de Latinoamérica según lo estimado por un informe reciente de la OECD.


El problema es que, en un marco de estrechez presupuestaria, si se quiere reducir la carga sobre la producción, el recae sobre el consumo o los ingresos y patrimonio de los individuos. El costo político de una reforma en tal dirección parece elevado.


En el campo laboral, la Argentina tiene duplicaciones de cobertura (indemnización por despido más seguro de desempleo), elevados costos por la alta litigiosidad que pagan las empresas y que no favorecen a los trabajadores, excesiva rigidez tanto en la contratación temporaria como en la permanente (según surge de otro trabajo de la OECD) y varios privilegios para los sindicatos (aportes obligatorios para los no afiliados, aportes extraordinarios de las empresas a los sindicatos, excesiva cantidad de delegados sindicales en las empresas y la administración monopólica del seguro de salud de los trabajadores en relación de dependencia). Peor aún, entre los años 2000 y 2015, la productividad laboral promedio de la economía creció 8% comparado con 65% en Estados Unidos o Europa.


Con altos costos laborales medidos en dólares y un costo de capital que se redujo en forma importante, la señal que reciben las empresas es poner máquinas y ahorrar en trabajadores. El problema se agrava si se pretende recuperar el terreno perdido respecto de la productividad laboral. Si pretendemos que el crecimiento genere muchos puestos de trabajo son prioritarias las reformas que reduzcan la gran brecha que hoy existe entre el salario que recibe el trabajador y lo que éste le cuesta a las empresas.


Finalmente, el sistema previsional nacional es deficitario cuando se omiten los ingresos que hoy recibe de rentas generales y aún si se excluyen los pagos de la llamada moratoria previsional. Eso ocurre porque hay numerosos regímenes de “privilegio”, algunos sectoriales y otros generales.


Por ejemplo, monotributistas y empleadas domésticas acceden a una jubilación mínima aportando considerablemente menos de lo que aportan los empleados en relación de dependencia que califican para una jubilación similar (ver Mercado de Trabajo). Estos tratamientos “especiales” incluyen a más del 20% de los aportantes. Otro problema es la baja edad de retiro de las mujeres en relación a lo observado en otros países: la sobrevida al momento de la jubilación de 24 años es una de las más altas del mundo.


Además, las jubilaciones y pensiones, en lugar de ajustarse por la evolución de la inflación como ocurre en varios países desarrollados, se modifican en función de una fórmula que en tiempos normales evolucionará por encima de la inflación. Los pagos de jubilaciones representan el 40% del gasto público nacional. Si crecen por encima de la inflación y sumamos los efectos de la reparación histórica se puede concluir que la austeridad en el resto del gasto deberá ser de una magnitud inusual para poder lograr que el gasto crezca al mismo ritmo que la inflación como ha postulado el gobierno. Alternativamente, es posible que el gobierno intente ahorrar gastos de “caja” a través de las PPP (contratos de participación público-privada) para concretar algunas inversiones públicas, pero ello restringirá la capacidad de hacer inversiones en el futuro cuando el espacio presupuestario esté en buena medida cubierto con los pagos anuales de las inversiones que hoy financia el sector privado que participa de la PPP.


En síntesis, la dirigencia política argentina, liderada por el gobierno nacional, deberá acordar algunas reformas impopulares que son necesarias para corregir los excesos del populismo.


A las adicciones crónicas de la Argentina (alto déficit fiscal, regulaciones laborales anti empleo) le agregamos, desde 2003 en adelante, impuestos altos e ineficientes.


* Economista de FIEL

FIEL - Indicadores de Coyuntura Nº 590, septiembre de 2017