Proyecto de ajuste por inflación
miércoles, 27 de septiembre de 2017

El sector privado obligado a pagar un nuevo impuesto para remediar la distorsión a la que ha sido sometido en los últimos 15 años. El proyecto de ajuste por inflación proyecto supone un avance en lo referido a tratar de eliminar una de las principales distorsiones acumuladas en el sistema tributario. Sin embargo, los contribuyentes deberán afrontar una erogación adicional si pretenden evitar seguir soportando una presión tributaria artificialmente elevada por la prohibición de ajustar por inflación los valores históricos.

Andrés Mir *





Los constantes procesos inflacionarios, de mayor o menor magnitud, que Argentina vivió en la segunda mitad del siglo pasado, se tradujeron en que la totalidad de las leyes impositivas aprobadas en ese período contuvieran mecanismos que contemplaran tal situación.


En general, las leyes respectivas han previsto la actualización automática de los mínimos y deducciones en ellas contenidas, mediante la aplicación del Índice de Precios Mayoristas (hoy IPIM) que periódicamente publica el INDEC.


En el caso particular del impuesto a las ganancias existe un mecanismo especial que permite considerar el efecto que sobre el resultado nominal provoca la existencia de inflación. Así, en los artículos 94 y siguientes de la ley del tributo, se legisla el denominado “ajuste por inflación”. Si bien estos procesos de ajuste automático contenidos en la legislación están técnicamente vigentes, su aplicación está prohibida por distintas leyes desde el 13/04/1992.


El método establecido en los artículos 94 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias se basa en el principio de que el impuesto debe recaer sobre ganancias reales y no sobre ganancias monetarias o ficticias. Se consideran ganancias reales sólo a aquellas que suponen un incremento neto del capital o patrimonio invertido (es decir de la fuente productora de las utilidades). En consecuencia, en un contexto inflacionario el patrimonio nominal invertido a mantener difiere entre el inicio y el cierre del ejercicio, y como consecuencia de ello parte del resultado nominal obtenido no es una ganancia real, sino que muestra el aumento nominal del capital invertido necesario para mantenerlo constante a valores reales. Esta filosofía es la que impera en la mayor parte de las legislaciones e incluso en países de la región con procesos inflacionarios mucho más moderados que el argentino, tales como por ejemplo los casos de Chile y Uruguay, en donde se han mantenido los ajustes vigentes.


Efectos del (no) ajuste por inflación

La imposibilidad de aplicar el mecanismo de ajuste por inflación implica que la estructura patrimonial de una empresa influya sobre el impuesto que efectivamente deba ser abonado. Así, si una empresa tiene capital expuesto positivo (patrimonio neto superior al activo fijo) se va a ver perjudicada por la no aplicación del ajuste, al tributar sobre la parte de los ingresos necesarios para conservar su patrimonio. Por el contrario, la que tenga capital expuesto negativo (aquellas cuyo endeudamiento es superior al activo expuesto) se verá beneficiada con la determinación de un impuesto inferior. Es decir que la no aplicación del ajuste por inflación perjudica a las empresas con estructuras de capital más sólidas, en beneficio de aquellas que están fuertemente apalancadas con altas deudas y poco patrimonio.


Además, en todos los casos las empresas se ven perjudicadas por la imposibilidad de ajustar el valor de la amortizaciones de activo fijo (establecida en los artículos 83 y 84 de la ley) y por la imposibilidad de ajustar el costo en el caso de venta de bienes de uso.


En consecuencia, la no aplicación del ajuste genera que la tasa efectiva del impuesto no sea uniforme sino que va a depender de la estructura de activos y pasivos de la empresas y de la tasa de inflación y, además, va a ser variable a lo largo del tiempo, lo que afecta la seguridad jurídica para las inversiones y disminuye la neutralidad del impuesto en lo relacionado a su efecto sobre la asignación de recursos.


En resumen, la imposibilidad de aplicar el ajuste por inflación impositivo afecta dos principios básicos de la tributación:

I. Se produce la imposición sobre una renta inexistente, violando así el principio de capacidad contributiva: El hecho imponible del impuesto son los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos obtenidos, netos de los gastos necesarios para su obtención y para mantener y conservar la fuente productora de los mismos. La existencia de una tasa de inflación importante, sin que esta situación sea reconocida en el cálculo del impuesto, provoca que queden incluidos dentro de la base imponible del tributo resultados que no constituyen ganancia real sino que simplemente permiten mantener el capital invertido.


II. Se puede violar el principio de no confiscatoriedad: La jurisprudencia de la Corte Suprema de justicia ha reconocido en forma invariable que los tributos no pueden lesionar el derecho de propiedad privada de forma tal que se tornen confiscatorios. Este principio afecta directamente a los impuestos que gravan el capital, pero indirectamente también a aquellos que alcanzan a los incrementos del mismo, ya que no pueden captar la totalidad de la rentabilidad obtenida. La falta de aplicación del mecanismo de ajuste por inflación provoca que la tasa efectiva del impuesto a las ganancias a la que se ve sujeta una empresa dependa de factores adicionales a su resultado económico como ser la tasa de inflación, la estructura patrimonial y la antigüedad de su activo fijo. Esta incertidumbre respecto a la tasa final del impuesto puede elevar la tasa misma a niveles que resulten confiscatorios.


Esta es la situación que han afrontado, con mayor o menor gravedad conforme los vaivenes de los niveles inflacionarios, las empresas argentinas desde el año 2002 y que las ha llevado en la mayor parte de los casos a tributar alícuotas reales efectivas superiores a las legales.


La solución Propuesta

En favor del proyecto de ley presentado respecto a este tema cabe remarcar lo siguiente:

a) La distorsión generada por la falta de aplicación del ajuste por inflación ha sido heredada por el actual gobierno nacional, y debe reconocerse que por primera vez en los últimos 15 años se busca darle una solución a la problemática derivada de la situación descripta.



b) También debe tenerse en cuenta el contexto fiscal: el estado de las cuentas públicas que debe afrontar la actual administración está caracterizado por un elevado déficit fiscal, situación que limita las posibilidades reales de avanzar en la disminución de la presión impositiva


c) Finalmente se debe mencionar que la solución propuesta, más allá de las consideraciones que se efectuarán seguidamente, representa una mejora para las firmas en relación a la situación que han venido afrontando desde el año 2002.


En el contexto de las consideraciones vertidas precedentemente debe mencionarse que el proyecto enviado implica que el sector privado deberá abonar un nuevo impuesto para subsanar una distorsión generada, evidentemente esto es un contrasentido toda vez que aquéllos que han venido siendo perjudicados por una mayor presión tributaria consecuencia de una decisión del propio Estado, deberán hacer un nuevo esfuerzo fiscal para evitar que ésta perdure en el futuro.


Si bien el proyecto plantea que el revalúo es optativo, las empresas privadas se ven en la necesidad de optar entre soportar el costo que supone abonar el impuesto especial proyectado (de entre el 5% y el 15% del monto del ajuste en la valuación) o aceptar seguir soportando la distorsión derivada de computar amortizaciones y costos de posibles bienes vendidos completamente desactualizados como consecuencia del proceso inflacionario vivido.


Otro aspecto que debe remarcarse es que el destino que se plantea para el nuevo tributo es de tipo específico toda vez que la totalidad de su producido se destina al financiamiento del sistema previsional, fin loable pero que tiene como consecuencia secundaria que son fondos no coparticipables con las provincias, que se verán indirectamente perjudicadas. Se puede realizar esta afirmación dado que no participarán del recaudado del tributo especial pero sí se verán afectadas vía menor masa coparticipable por la caída en la recaudación futura del impuesto a las ganancias (las provincias reciben $51,1 de cada $100 que se recaudan de este impuesto) que es esperable como consecuencia de que existirán contribuyentes que podrán computar depreciaciones o costos de ventas a valor actualizado, reduciendo así la base imponible del impuesto a las ganancias y por consiguiente la recaudación de este origen.


La inequidad tributaria que surge de la imposibilidad de aplicar ajuste por inflación, o al menos de ajustar las depreciaciones y los valores de costo de bienes de uso vendidos está reconocida en los mismos considerandos del proyecto cuando textualmente se expresa:


“… existen ciertos rubros o partidas cuyas implicancias fiscales se producen en ejercicios fiscales futuros, en algunos casos luego de transcurrido un prolongado período (por ejemplo, las amortizaciones computables de los bienes muebles e inmuebles afectados a la actividad, el costo de esos bienes u otros en caso de producirse su enajenación, etc.).


Para estos supuestos, el fenómeno inflacionario, aún en un contexto de inflación baja o moderada como la que experimentan la mayoría de los países, puede producir efectos de significación en la determinación del resultado impositivo.”


A pesar de este reconocimiento, que lleva acertadamente a disponer la posibilidad de ajuste de depreciaciones y costos de adquisición a partir del año 2018, la corrección de la distorsión acumulada para reducir su efecto hacia el futuro, no es automática sino que queda supeditada al ingreso del impuesto especial estipulado, situación que una vez más repercutirá sobre el denominado “costo argentino”, resintiendo la competitividad de nuestras empresas.


Algunos aspectos particulares del proyecto

a) No comprende a los bienes que hayan sido exteriorizados por la ley de sinceramiento fiscal, situación lógica dado que los mismos debían incorporarse al valor de mercado.


b) Se establece un método simplificado de ajuste a partir de coeficientes establecidos en el mismo proyecto, habilitando en el caso de inmuebles y muebles amortizables la posibilidad de recurrir a una valuación específica.


c) El revalúo propuesto es claramente conveniente en los casos de bienes de uso que pueden llegar a ser enajenados con anterioridad al fin de su vida útil, dado que el resultado de venta podrá computarse sobre un costo actualizado y por ende la rentabilidad sometida a la tasa del impuesto a las ganancias será inferior, siendo este ahorro superior el impuesto especial pagado. En tal sentido es más beneficioso para las sociedades anónimas y SRL, dada la mayor alícuota impositiva que las afecta, y para bienes de vida útil más prolongada.


d) En el caso de bienes que sólo serán posteriormente amortizados, el beneficio será más moderado e incierto, ya que deberá abonarse inmediatamente el impuesto especial, en tanto la reducción futura del impuesto a las ganancias a abonar quedará diferida en el tiempo, en tantos ejercicios como vida útil le resten al bien revaluado.


e) La opción de ingresar al régimen debe hacerse por todos los bienes del contribuyente que integren una misma categoría (por ejemplo por la totalidad de inmuebles o de bienes muebles amortizables), lo que reduce la posibilidad de elegir las opciones más convenientes desde el punto de vista del contribuyente.

f) No queda explicitado el plazo de ingreso del impuesto especial, el cual debería contemplar algún régimen de facilidades, ya que de lo contrario se desincentivaría fuertemente el acogimiento al régimen propuesto.


g) Si bien, como es lógico, el monto revaluado no forma parte de la base imponible para la determinación del impuesto a las ganancias, el impuesto especial tampoco puede deducirse como gasto computable, razón por la cual su impacto sobre los costos será pleno.


h) Quienes adhieran al revalúo propuesto deben renunciar a cualquier reclamo legal relacionado a la imposibilidad de aplicar el ajuste por inflación en ejercicios pasados.


En conclusión el proyecto supone un avance en lo referido a tratar de eliminar una de las principales distorsiones acumuladas en el sistema tributario. Sin embargo, los contribuyentes deberán afrontar una erogación adicional si pretenden evitar seguir soportando una presión tributaria artificialmente elevada por la prohibición de ajustar por inflación los valores históricos.


IARAF - * Informe Económico Nº 399 - Área de Política y Administración Tributaria, 24 de septiembre de 2017 - ISSN 2250 - www.iaraf.org