El costo de los homicidios en América Latina y el Caribe
lunes, 19 de junio de 2017

El ranking más reciente de las ciudades más peligrosas del mundo da para una lectura deprimente. El informe, publicado el 5 de abril por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una organización no gubernamental mexicana, llega a la conclusión de que 43 de las 50 ciudades más violentas en 2016 se encuentran en América Latina y el Caribe. Para poner un broche de oro a esa estadística, en la región se encuentran las 10 ciudades más peligrosas del mundo, entre ellas Caracas, la número uno, seguida de Acapulco (México), San Pedro Sula (Honduras), Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela, Honduras) y Victoria (México).

Laura Jaitman *





Esto representa un problema de homicidios masivos que está cobrando su precio en términos de tragedias humanas y actúa como un lastre para el crecimiento y la prosperidad económica de la región. América Latina y el Caribe no sólo tienen una tasa de homicidios cuatro veces superior a la media mundial sino que, además, es el doble de lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como epidemia (10 muertes por cada 100.000 habitantes).


Esto afecta a la sociedad de muchas maneras diferentes, desde los costos elevados de seguridad pública y privada hasta el impacto en las familias que deben pagar los gastos hospitalarios y funerarios y cuyos miembros pueden perder el empleo debido al trauma. Pero también se puede calificar desde la perspectiva de las vidas productivas perdidas y los ingresos no percibidos—seguramente subestimados—para tener una idea de cómo la violencia tiene un impacto en las economías nacionales.


Una característica de la violencia en la región es que victimiza abrumadoramente a los hombres entre 15 y 30 años, que normalmente tendrían por delante muchos años de vida productiva en el mercado laboral. Esto no es único de la región: en todos los países desarrollados y en vías de desarrollo las víctimas y los perpetradores son, principalmente, hombres jóvenes. Sin embargo, con una tasa de homicidio juvenil en la región mucho más alta que el promedio global, incluyendo índices sumamente altos en algunos países, el ingreso perdido puede ser considerable.


En un estudio publicado por el BID este año, estudiamos el aspecto del ingreso no percibido. Nuestras conclusiones, basadas en calcular el ingreso según los años de vida perdidos por la persona asesinada, muestran que en términos absolutos, los costos totales por muertes violentas entre 2010 y 2014 oscilaron entre USD 9.800 millones y USD 11.400 millones al año en 17 países para los que había información públicamente disponible sobre las víctimas. Las pérdidas como porcentaje del PIB también fueron significativas. Oscilaban entre pérdidas promedio de 0,04% del PIB en Chile y 0,06% en Argentina, los países más seguros en términos de homicidios durante el período, hasta un 0,73% en El Salvador y un 2,14% en Honduras, los países más peligrosos.


El costo de los homicidios en los 17 países que estudiamos es de 0,43% del PIB. Esto es comparable a lo que estos mismos países gastan anualmente en sus políticas más importantes de reducción de la pobreza, como las transferencias monetarias condicionadas. También supera por mucho el de los países más desarrollados. Estimamos el costo de los homicidios en seis países desarrollados (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Australia y Canadá) con la misma metodología. Con un 0,04% del PIB, es 10 veces más bajo que en América Latina y el Caribe.


Costos sociales de los homicidios, 2014


Fuente: Jaitman (2017)


*Incluye Australia, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos


Es indudable que, en gran parte, esto está relacionado con la violencia de las bandas, que es particularmente intensa en las zonas urbanas de El Salvador y Honduras y que también ha devastado partes de Guatemala, México, Brasil y el Caribe.


Un episodio reciente ilustra como el peso de la violencia entre pandillas afecta el costo del crimen en las economías de la región. . En 2012, dos bandas violentas en El Salvador, Barrio 18 y MS- 13 (Salvatrucha) acordaron una tregua por la cual decidieron dejar de agredir a los agentes de la ley y de atacarse mutuamente. La tregua no estuvo exenta de polémica y sus méritos se sitúan más allá del alcance de nuestro estudio. Sin embargo, con la vertiginosa disminución de los índices de homicidio, los costos de los homicidios disminuyeron de 0,82% del PIB en 2011 a 0,48% en 2012, y luego volvieron a subir hasta 0,61% en 2013, cuando la tregua empezó a flaquear.


Sin embargo, son mucho menos visibles los motivos de esa violencia tan intensa. Los países con ingresos más altos generalmente tienen índices de homicidio más bajos. Sin embargo, América Latina y el Caribe es un caso atípico. Su tasa, de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, es mayor de lo que debería ser para su PIB per cápita. Y es mayor de lo que debería ser para sus niveles de pobreza y desigualdad; y mayor de lo que debería ser para el tamaño de sus fuerzas policiales.


Seguramente, existen factores relacionados con la estructura de las sociedades de América Latina que intervienen. Por ejemplo, las instituciones débiles y la impunidad generalizada podrían muy bien anular el impacto del alto ratio de personal policial/población. Debido a este ratio, de aproximadamente 300 policías por cada 100.000 habitantes (comparado con aproximadamente 200 en Estados Unidos) el crimen debería ser más costoso para los criminales y, por lo tanto, más raro. En realidad, las encuestas muestran que, con excepción de Chile, las personas en la región tienen escasa confianza en la policía para que resuelva sus problemas. Un acceso a los tribunales y a otras instituciones representativas de la justicia, limitado y marcado por la desigualdad, entre muchos otros factores, podrían estar teniendo un efecto similar.


Para una región en la que contingentes importantes de toda una generación están desapareciendo a causa de la violencia, donde el capital humano está siendo destruido y una parte importante del PIB está siendo sacrificada, esta epidemia de violencia exige más investigación y una búsqueda más robusta de soluciones. Las vidas y la prosperidad perdidas están frenando el desarrollo de la región.


*Laura Jaitman es economista en el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Anteriormente, coordinó el área de investigación en Seguridad Ciudadana y Justicia del BID. Sus principales temas de investigación son economía del crimen, evaluación de políticas para prevenir y reducir el delito, y economía política. Antes de unirse al BID ha trabajado como consultora durante una década para el Banco Mundial, el BID y J-PAL en temas de evaluación de impacto de políticas públicas en distintos países de América Latina. Jaitman es Doctora en Economía de University College London, Master en Economía de la Universidad de San Andrés, Argentina, y Licenciada en Economía en la Universidad de Buenos Aires.

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