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Ingresos públicos de Argentina más alto que en Chile y Uruguay PDF Imprimir E-Mail
martes, 09 de abril de 2019
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el tercer desembolso por U$S 10,8 mil millones previsto dentro del paquete de ayuda financiera al Gobierno argentino. En la evaluación que el FMI hace del curso de la política económica señala que los altos déficits fiscales y externos están disminuyendo y, aunque la actividad económica se contrajo, habría indicios de que la recesión ha tocado fondo. Su principal preocupación es que la inflación sigue siendo alta con las expectativas e inercias al alza. Otra alerta que plantea el FMI es que los ingresos fiscales se ubican en niveles por debajo de lo proyectado. Para alcanzar la meta de equilibrio fiscal primario en el 2019, aconseja tomar pasos adicionales para fortalecer los ingresos públicos. También señala la importancia de sostener la prudencia en la ejecución del gasto público protegiendo los recursos fiscales destinados a aliviar la pobreza. Una pregunta que cabe hacerse es si el aumento de los ingresos públicos tiene la centralidad que el FMI le atribuye para que la Argentina salga de la crisis y cuán viable es avanzar en este sentido. Para indagar en las respuestas cabe analizar los propios datos del FMI que se publican en su sitio de internet. Según esta fuente se observa que: En Argentina los ingresos públicos totales (nación, provincias y municipios) ascienden a 36% del PBI. En Uruguay los ingresos públicos ascienden al 30% del PBI. En Chile los ingresos públicos ascienden al 24% del PBI. Estos datos muestran que los ingresos públicos en la Argentina son considerablemente más altos que en los países vecinos. Planteado de otra manera, el enorme déficit fiscal de la Argentina no es porque se paguen menos impuestos que en los países vecinos sino porque el gasto público es mucho más alto. Según el FMI, el gasto público en Argentina es de 41% del PBI mientras que en Uruguay es del 33% y en Chile del 25%. Además, los países vecinos demuestran que menor gasto público no implica mayores costos sociales. Esto surge del hecho de que la pobreza en Argentina afecta al 32% de la población, mientras que en Chile y Uruguay la pobreza afecta apenas al 8% de la población. Aumentar la presión impositiva es muy poco pertinente porque al profundizar la recesión el resultado será aumentar –en lugar de reducir– el déficit fiscal. Más consistente sería mejorar la organización y la administración del sistema tributario para recaudar mejor los impuestos centrales (IVA y Ganancias) y así poder reducir los impuestos distorsivos. La lógica sería bajar los impuestos que frenan la expansión de la producción, las exportaciones y el empleo compensando con mayor recaudación de IVA y Ganancias. La centralidad en el saneamiento de las cuentas públicas la debe tener la reducción del gasto público. Como enseñan Chile y Uruguay, menos gasto público es compatible con reducción de la pobreza en la medida que se administre con eficiencia. Por ejemplo, para el nivel nacional y la mayoría de las provincias el sistema previsional es la principal fuente de desequilibrio fiscal. Eliminando duplicaciones de cobertura y tratamientos privilegiados es factible moderar el gasto sin agravar la situación social. Otro componente central son las erogaciones en salarios públicos. Se podría suspender nuevas contrataciones y simultáneamente mejorar la calidad de los servicios eliminando la superposición de funciones entre los tres niveles de gobierno, desburocratizando procesos administrativos y aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías. Consensos políticos amplios sobre temas centrales, como el previsional o el empleo público, son fundamentales para reducir y mejorar la calidad del gasto público. A esto hay que sumarle austeridad y profesionalismo en la ejecución de las políticas. Lamentablemente, la carencia de acuerdos es lo que viene prevaleciendo, como lo demuestra la batería de proyectos de ley que impulsa la oposición en el Congreso cuyo denominador común es seguir aumentando el déficit fiscal. IDESA - INFORME Nº: 803 - 07/04/2019
 
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