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viernes, 23 de febrero de 2018

INTI una institución imprescindible para la otra Argentina: la de la producción y el trabajo

La primera ola de despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial -INTI- indigna, pero no sorprende. Las más de 250 cesantías ordenadas por la presidencia de la institución, ineludible eslabón de una larga cadena de mandos, componen el prólogo de una reducción que los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado –ATE- estiman en un total de 600 personas.





Las grietas que se producen en organismos como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET-, el INTI, las calificaciones por “presentismo” en la Comisión Nacional de Energía Atómica y en muchos otros organismos sectoriales están orientadas al logro del mismo objetivo: reducir o incluso anular la incidencia de la investigación y el desarrollo de conocimiento autónomo, innecesario para un país que continúa su desindustrialización y el retiro del Estado como inductor de políticas que promuevan el desarrollo.


Es obvio que los argumentos que se esgrimen para llevar adelante estas acciones son los de la reducción de los mil y un déficit, el recorte de gastos superfluos, la eficiencia, la modernización, las ventajas del accionar privado por sobre el estatal y tantas otras explicaciones, aunque muy usadas todavía útiles para aleccionar a aquella parte de la población que se debate entre la desmemoria y la indiferencia.


Lo cierto es que el achique del INTI es percibido como un nuevo avance –que produce otro retroceso- sobre las áreas de ciencia y técnica y así lo consigna el colectivo de “Científicos argentinos en el exterior” que repasa los hechos sobresalientes ocurridos durante el gobierno de Mauricio Macri señalando “los recortes de presupuesto en ciencia en los años 2017 y 2018, el abrupto freno a la incorporación de científicos desde 2016 en el CONICET, principal organismo gubernamental del área; la pérdida de capacidad adquisitiva de los mecanismos de financiamiento para las tareas desarrolladas en los institutos de investigación y la privatización de la empresa estatal ARSAT”.


El recorte al INTI en su estructura y funciones impactará a nivel nacional y regional en múltiples emprendimientos productivos, especialmente de PyMES y organizaciones cooperativas así como, entre otros, en los procesos de verificación metrológica y en la certificación de procesos y productos en los que la función de la institución es imprescindible.


El origen del INTI se remonta a 1957, año en el que el Decreto Ley Nº 17.138 puso en el escenario nacional a un grupo de instituciones destinadas a impulsar la ciencia y la tecnología mediante la inversión pública. Pero desde Salvador María del Carril a Javier Ibáñez , o lo que es lo mismo desde su primer presidente al actual, el ente siempre atrajo no más del 25% de los aportes que recibió el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) justificados en el perfil agroexportador que conserva el país, según recordó su ex presidente el ingeniero Enrique Martínez en declaraciones a una emisora local, oportunidad en la que también puntualizó que hubo períodos en los que la estrechez fue mayor, como ocurrió durante el gobierno de Carlos Menem.


En un reciente comunicado institucional se asegura que “desde el inicio de la actual gestión -diciembre de 2015- se está llevando adelante un proceso de puesta en valor del Instituto para que, a través de sus más de 3.000 trabajadores, sea el brazo con el que el Gobierno Nacional ayude a las empresas a desarrollarse a través de la tecnología y a modernizarse para crecer".


"Más del 80% de los servicios que ofrece el INTI están destinados a las PyMES argentinas para quienes se genera y transfiere tecnología en 52 centros de investigación y desarrollo en todo el país”.


En el período actual, dice el comunicado, “el INTI prestó 200.000 servicios a más de 13.500 empresas, lo que representa un crecimiento del 113% en servicios y del 40% en empresas asistidas” La notificación detalla que en dos años "se han invertido 848 millones de pesos, diez veces más que en el año 2015", que "para 2018 la inversión será de otros 700 millones, y que "las principales inversiones fueron destinadas a la compra de 397 equipos, de un valor promedio de 650 mil pesos para los centros de Buenos Aires y el interior; al edificio de metrología (324 millones de pesos) y a la creación de dos centros de investigación y desarrollo para energías renovables, incendios y explosiones". Y agrega que "el INTI tiene un rol fundamental en los acuerdos productivos que el gobierno firmó con gremios y empresas de sectores como biotecnología, autos, textiles, construcción, energías renovables, electrónica, y en Vaca Muerta".


Si éste es oficialmente el cuadro de situación no se entiende porqué en este marco surge el tema Tecnalia, consultora española que está desarrollando un plan de transformación del INTI que, según trascendidos, ya habría sido puesto en conocimiento de algunas organizaciones de cúpula.


Al respecto el doctor en ingeniería Eduardo Dvorkin señala que “siendo Tecnalia una empresa de propiedad público–privada del País Vasco, de alto perfil, con 1405 empleados en su plantilla, un ingreso anual de 102,1 millones de euros y 4050 industrias españolas como clientes, surge la pregunta: ¿es admisible poner el poder de decisión en el INTI en manos de una empresa española, dependiente de los intereses de la gran industria de su país?” Para responder enseguida que es absurdo poner una empresa tecnológica nacional bajo conducción extranjera porque, entre otras, “es preciso tener en nuestras manos el conocimiento necesario para garantizar la disponibilidad del know why y así poder controlar el diseño de nuevos productos y procesos y consecuentemente las decisiones que se tomen”. Sobre este postulado abundaron los expertos en teoría del conocimiento y epistemología científica - Oscar Varsavsky o, entre otros, Jorge A. Sábato - llegando todos a idéntica conclusión: las llaves para comprar, vender o abrir las cajas negras de los desarrollos deben quedar siempre en nuestras manos. Cada vez que Argentina cerró el triángulo conformado por el Estado, las empresas y el sistema nacional de ciencia y tecnología, el resultado final fue el éxito llámese Opal (reactor de baja potencia construido en Australia), Arsat 1,Arsat 2, Atucha II ,radares, satélites y, más recientemente, ganar la licitación para montar un reactor nuclear en Holanda destinado a la producción de radioisótopos y lograr la exportación de tecnología más importante en la historia de nuestro país o Bioceres cotizando en Wall Street.


Estos son algunos de los resultados que se obtienen cuando el Estado empuja la innovación tecnológica, señala Dvorkin. Y es lo que sucede en los países altamente industrializados del mundo al que debemos no tanto abrirnos como pertenecer.


Informe Industrial - Síntesis de economía y política industrial N° 471 - Martes, 20 de febrero 2018

 
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