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El país no se reindustrializa pero los juicios de jubilados sí PDF Imprimir E-Mail
miércoles, 13 de diciembre de 2017

Reforma Previsional: otro imán de Querellas

Una nueva fuente de conflictos judiciales incuban las reformas previsional y laboral que el gobierno nacional negoció con los gobernadores, a cambio de darles más fondos y obras, lo cual hizo poner en estado de movilización a los cuerpos de abogados de ANSES y otras dependencias públicas. Entre que más de medio millón de jubilados podrán ser desafectados de la reparación histórica y que la movilidad jubilatoria será atenuada en la nueva ley, creció tanto el caldo de cultivo de los reclamos en los tribunales como los montos en juego.

Imagen: Emilio Basavilbaso, titular de la ANSeS, junto a Mauricio Macri







La Procuración del Tesoro relevó los expedientes de demandas acumuladas contra el Estado y le dio que son 2.240.000 por una suma que equivale a más del 61% del déficit fiscal previsto para este año. Son apenas 119 los casos "de relevancia económica" y otros 571 de "relevancia institucional", más otros 53 que combina a ambas, y se cuentan 19 expedientes en tribunales internacionales. El Ministerio de Energía fue el más querellado.


El paquete de reformas enviado al Congreso por el gobierno nacional, luego de llegar a un acuerdo con los gobernadores, tiene a una de ellas, la previsional, como fuente de financiamiento pero también de conflictividad.


En la ANSES empezaron internamente los aprestos para absorber una mayor cantidad de demandas ante el cambio propuesto en la metodología de ajuste de los haberes, respecto de la movilidad vigente, y por la marcha atrás en la asignación de montos a un millón de pasivos, por la reparación histórica sancionada en la ley que se usó como justificativo del blanqueo de capitales.


El cuerpo de abogados de la institución, que ya atiende las voluminosas querellas que año a año se multiplican en los juzgados a medida que ingresan los nuevos jubilados, fue instruido para recibir una nueva ola de juicios por los derechos adquiridos en virtud de la reparación histórica, y para ello la conducción de Emilio Basavilbaso extremó los controles de productividad y presentismo, inclusive apelando a despidos de personal que aprovechaba inapropiadamente las facilidades que dan los convenios laborales del Estado para concurrir al trabajo pocos meses al año.


A los millones de expedientes de juicios de jubilados que convergen en las 2 cámaras de apelación y dilatan las sentencias se suma el más de medio millón de reclamos que se realizan contra las compañías aseguradoras, entre los que, los de riesgo de trabajo (ART) al 30/06/2017 sumaban 326.918, o sea el 58% del total, que contempla el proyecto de reforma laboral, y desde hace casi 2 meses la Corte intenta revertir con fallos adversos a los querellantes.


De acuerdo con estimaciones del sector, éstos representan un pasivo contingente de u$s 5.000 millones (unos $ 86.750 millones), a un promedio de US$13.600 cada uno.


Emilio Basavilbaso, titular de la ANSeS, junto a Mauricio Macri.


En el caso de los jubilados se pagaron este año unas 20 mil sentencias por casi US$ 600 millones y quedan más de 2 millones en suspenso, de los cuales casi 800 mil entraron en el reparación histórica.


El catenaccio previsional y laboral

Las controversias judiciales laboral y previsional hacen mucho más ruido político por la cantidad de involucrados en el conflicto, que por el peso que tienen en la contabilidad deudora de la Procuración del Tesoro nacional, ya que entre causas previsionales y amparos por las tarifas hasta demandas millonarias en el Ciadi, el organismo del Banco Mundial (encargado de resolver disputas entre países y empresas) en total reúnen 2.240.000 juicios en tribunales federales en instancias internacionales.


Las cifras fueron extraídas del Sistema de Gestión de Juicios (Sigej), que contiene la información de todas las dependencias públicas, menos las de la ANSES y AFIP, que están con cuentas aparte.


La potencial contingencia supera los US$ 37.000 millones, o sea un 61% más que el déficit fiscal previsto para este año, de acuerdo con estimaciones que manejan en la Casa Rosada y en la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías, y de los más de 2 millones de causas, apenas 743 revisten una especial preocupación para el gobierno, según la respuesta a un pedido de información pública hecho por La Nación a la Procuración.


Se trata de 119 casos "de relevancia económica" y otros 571 de "relevancia institucional", a los que se suman otros 53 que combinan ambas etiquetas, si bien se cree que hay más de 1400 procesos "complejos" y unas 19 demandas, por US$ 6200 millones, en tribunales internacionales.


El desmenuzamiento ubica al Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, como el que acumula más juicios "calientes", con 308, de los cuales 194 son amparos pedidos en 2016 por defensorías del pueblo, municipalidades y entidades sin fines de lucro ante el aumento de las tarifas eléctricas.


Otros tres expedientes por daños y perjuicios van contra Alcalis de la Patagonia, del Grupo Indalo, de Cristóbal López, por más de $ 155 millones.


En la cartera de Justicia recayeron, entre otras, las acciones impulsadas por Alejandro Fargosi contra los miembros del Consejo de la Magistratura sin título de abogado y el amparo del ex diputado Manuel Garrido para declarar la nulidad de los nombramientos de 57 conjueces durante el kirchnerismo, de acuerdo con la nota publicada en La Nación.


Alejandro Fargosi


También entre los que tienen juicios complejos se encuentran el Banco Nación, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Policía Federal, cuyos conflictos incluyen disputas con barrabravas e incluso los procesos contra los custodios del fallecido fiscal Alberto Nisman.


Entre 230 demandas relevantes, la que tiene el reclamo económico más alto es la de una ONG paraguaya, en concepto de indemnización por los efectos del Tratado de la Triple Alianza, de 1865, por US$ 150.000 millones.


Asimismo hay dos iniciados por AFJPs por la estatización de los fondos de pensiones, que son por más de US$ 90 millones cada uno, más un juicio de La Pampa para obtener el pago del saldo del Fondo Nacional de Energía Eléctrica.


Un juez que era accionista del Banco de Hurlingham, Juan Claudio Chavanne, lleva años tras una reparación de US$ 25 millones al Banco Central por actas dictadas por la Junta Militar durante la última dictadura


Córdoba pleiteó por $ 3.300 millones por los descuentos sobre fondos de la coparticipación, el cual podría quedar superado ante el acuerdo federal con las provincias.


TBA (la concesionaria del ex ferrocarril Sarmiento, que estuvo involucrada en la tragedia de Once y a la que se le dictó la quiebra) entabló una causa por indemnización por daños y perjuicios y aparece una contrademanda del Correo Argentino, una empresa de la familia Macri, al Estado.


El Ministerio de Hacienda lleva pagados $ 10.800 millones en los últimos 10 años por deudas derivadas de litigios, de los cuales $ 6.026 millones fueron erogaciones del Servicio de Deuda Pública, mientras que $ 1.300 millones, aproximadamente, pertenecen a pagos de la Policía Federal Argentina, que acumula muchas deudas con efectivos retirados que reclaman que se incluyan distintos conceptos de sus salarios a su jubilación.


Algo similar a lo que sucede con las Fuerzas Armadas, que en la última década debieron destinar más de $ 500 millones por ese concepto.


El pago mal liquidado de recomposiciones salariales a las fuerzas de seguridad de manera no remunerativa, que no se contabilizan para la jubilación, constituye un riesgo latente de multiplicación de demandas.


La Procuración del Tesoro nacional dispuso relevar expedientes para efectuar una especie de inventario de las demanda que pesan contra el Estado, al encontrar desactualizados los sistemas en los que los distintos servicios jurídicos ministeriales los vinieron asentando a lo largo de décadas y se perpetúan por el desorden en que fueron acumulados.


La suma es escalofriante si se la compara con el déficit fiscal estimado para este año, del que representa más de un 61%.

 
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