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El Pacto fiscal aporta credibilidad al gradualismo PDF Imprimir E-Mail
jueves, 23 de noviembre de 2017

El miércoles 15 pasado los diarios informaban por separado de dos noticias que, en realidad, estaban profundamente interrelacionadas. Por un lado, las crónicas reflejaban las negociaciones contra reloj entre las provincias y el gobierno nacional. Por el otro, se consignaba que la legislatura de Buenos Aires había aprobado el Presupuesto 2018 impulsado por María Eugenia Vidal, incorporando medidas “como si” el Pacto Fiscal ya estuviera en vigencia (baja de impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos, límite a la expansión del gasto de la provincia y de los municipios). El aval de la oposición al gobierno de La Plata, que no se explica sin el resultado de las legislativas, achicó de modo significativo el margen de negociación de los demás gobernadores y permitió definir una pulseada que hasta ese momento tenía final incierto.

Jorge Vasconcelos *







La movida política de Buenos Aires no fue casualidad, por el “efecto demostración” que significa una provincia que representa casi el 40 % del PIB del país aunque, por supuesto, la Nación tuvo que hacer concesiones adicionales para que el jueves 16 de noviembre la dirigencia política se sumara a la sensatez que los votantes habían mostrado el pasado 22 de octubre.


El accionar en tándem entre la Casa Rosada y La Plata sirvió para acelerar los tiempos, pero también hay mérito de gobernadores que optaron por pensar en función de 2019, antes que dejarse llevar por voceros del “cuanto peor, mejor”, que se habían hecho sentir en la mesa de negociaciones en el arranque de la semana.


El gradualismo promete a los emprendedores una serie de beneficios que tardarán hasta cinco años en materializarse, pero la pobreza y la profusión de empleos de mala calidad no pueden esperar tanto. Para que ocurra un shock de productividad e inversiones, adelantando el futuro, el gradualismo requiere sustentarse en la credibilidad. Por eso es tan importante el acuerdo firmado entre el presidente y los gobernadores.


No tiene sólo relevancia económica. Los 12 años anteriores habían dejado como herencia un elevadísimo déficit fiscal pero también una altísima presión tributaria, plagada de malos impuestos, que desalientan la inversión y la producción. Pues bien, el Pacto Fiscal provee herramientas para romper esa trampa. La clave es que, progresivamente, el gasto público se acomode a un escenario sustentable, de modo de poder bajar la presión impositiva y el déficit fiscal al mismo tiempo.


Bajo un escenario de crecimiento moderado, el equipo fiscal de IERAL liderado por Marcelo Capello estima que el estricto cumplimiento del pacto permitiría llevar la incidencia del gasto del consolidado de provincias de 15,8 % a 14,4 % del PIB entre 2017 y 2020, y de 23 % a 19,5 % del PIB para el caso del sector público nacional. Este último ratio supone terminar con los subsidios a la energía, salvo los correspondientes a la tarifa social, y partidas previsionales que habrán de pasar de 9,7 % a 8,8 % del PIB (de 2017 a 2020) bajo la nueva fórmula de actualización, aun incluyendo un pequeño plus sobre la inflación de cada año.


Evolución principales agregados fiscales 2017-2020

En porcentaje del PIB



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base al Ministerio de Hacienda y estimaciones propias


En la medida en que pueda asegurarse esa trayectoria para el gasto público, entonces la Nación podría aplicar la reforma tributaria anunciada, que implica una merma en la carga sobre las actividades productivas de 1,5 puntos del PIB hacia 2020. Esto, a su vez, permitiría a las empresas tener mayor seguridad para poner en marcha proyectos bajo el supuesto de un esquema impositivo como el que se perfila para el año 5, con menos cargas sobre el empleo formal, las transacciones financieras y la reinversión de utilidades.


Ese “adelantar el futuro” se complementa con la expectativa de dilución de los tributos más distorsivos de origen provincial. Estas jurisdicciones parten de una situación fiscal menos complicada: el consolidado de 24 provincias anota un déficit financiero de 0,8 % del PIB, que compara con el rojo equivalente a 6,8 % del PIB del sector público nacional (datos de 2016). Además, las transferencias automáticas desde Nación pasarán de 6,7 % a 7,4 % del PIB entre 2017 y 2020, producto de estos acuerdos y los que ya estaban en vigencia. Esto incluye la “reparación histórica” a la provincia de Buenos Aires, que en 2016 capturó sólo el 18,5 % de los recursos coparticipados y pasará a 20,2 % de esa masa ya en 2018.


Por ende, los gobernadores podrán ser más agresivos en aliviar la carga tributaria, en un sendero prefijado en el Anexo 1 del Pacto Fiscal, de modo que nadie pueda hacerse el distraído. De hecho, se estima que hacia 2020, si cumplen rigurosamente con la “Responsabilidad Fiscal”, las provincias habrán de poder sacrificar el 40 % de lo que hoy recaudan con Ingresos Brutos y Sellos. En la medida en que este escenario comience a perfilarse como factible, pueden desbloquearse inversiones que hoy son inviables y, simultáneamente, pueden darse sorpresas positivas en términos de blanqueo de la economía.


No será sencillo, funcionarios nacionales y provinciales deberán arremangarse para mejorar la gestión por el lado de los gastos y de los ingresos, pero las metas planteadas parecen cumplibles. En la medida que el Congreso avale estos acuerdos, su implementación deberá contar con plena transparencia. Para que efectivamente se “adelante el futuro” por el lado de las inversiones, el estricto cumplimiento de la Responsabilidad Fiscal permitirá a los gobiernos de las distintas jurisdicciones ganar cada día más credibilidad y justificar ante la población los esfuerzos demandados.


IERAL – * Revista Novedades Económicas - Año 39 - Edición Nº 932 – 21 de Noviembre de 2017

 
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